Normalmente nos referimos a la extracontractual y que vienen como consecuencia de una negligencia o imprudencia y que es objeto de aseguramiento, donde lo que se intenta proteger es el patrimonio de causante a cambio del pago de una prima frente a las reclamaciones de los perjudicados por la negligencia o imprudencia comentada.

Con la existencia del seguro de responsabilidad civil surge la figura de la aseguradora que dentro de los límites del contrato asume la posición del causante (negligente o imprudente) frente a la víctima, hasta el punto que se convierte en un elemento esencial de la valoración del daño, de la imprudencia y de su cuantificación con una estructura profesional de peritos, abogados y gestores que una persona privada le resultaría muy difícil hacer frente por lo que le va a resultar imprescindible contar con el asesoramiento de un despacho como el nuestro para hacer frente a esa estructura profesionalizada en la defensa de sus justos intereses.

En definitiva, que se cuantifique lo más exactamente posible el verdadero daño y perjuicio sufrido (corporal, material, moral, etc.) y que se produzca una reparación íntegra del daño causado y no una simple aproximación que normalmente suele ser en defecto.

Como ya se ha dicho en otro apartado (tráfico, al que nos remitimos) se trata de una importante cobertura (seguro), que siendo desconocida por muchos asegurados (por cuanto no saben ni siquiera que lo tienen contratado) puede resultar el inicio de la solución de muchos de los problemas cuando una persona se ve avocada a un proceso de reclamación de daños (tanto como causante como perjudicado) dándole la posibilidad, en michos de los casos, de hasta poder elegir libremente el abogado que le vaya a representar (defender sus intereses) a cargo de una entidad aseguradora con la que el abogado, siento este un tema trascendental, no tiene vinculación alguna ni existe posibilidad de conflicto de intereses.

Al asumir la entidad aseguradora los gastos de la reclamación, hasta el límite pactado en el contrato, añadido al hecho de contar con el asesor libremente elegido le da al asegurado una perspectivas y opciones y hasta garantías de poder tener una defensa acorde a sus intereses con el menor y hasta nulo riesgo posible y poder hacer frente en muchas de las ocasiones a entidades con una estructura de profesionales (peritos, abogados, etc.) en un plano de igualdad.
De las dos formas habituales de gestión siempre aconsejamos la de libre elección de abogado frente a la de los servicios prestados por la entidad aseguradora por cuestiones obvias, empezando por la de la confianza al elegir a la persona que le va a representar frente a la imposición de la que le toque para el que su cliente siempre será la entidad aseguradora a diferencia del elegido por el asegurado.

En definitiva insistimos en recomendar siempre que antes de contactar con la entidad aseguradora hacerlo con un profesional de su confianza ya que lo más probable es que resulte muchos más rentable ejercitar el derecho a “libre elección” que aceptar el profesional elegido por la entidad aseguradora.